AYUDA QUE NO AYUDA
31 de julio de 2017

En naciones con regímenes dictatoriales o al borde del colapso, la asistencia económica extranjera que en otras circunstancias sería saludada presenta el problema de ofrecer una suerte de salvavidas u oxígeno adicional a una situación que por sí sola sería insostenible y se vería obligada a cambiar. Algo no muy distinto sucede hoy con la enorme transferencia de recursos del Ejecutivo hacia las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) que permitirá a estas últimas sobrevivir a su propia ineficiencia. Como se sabe, la semana pasada el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento propuso destinar aproximadamente S/410 millones a las EPS del interior del país para "fortalecerlas y modernizarlas". Como parte del mismo empeño, durante este año el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) ha transferido ya S/95 millones a las EPS del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT). Este último es una herramienta del Gobierno Central, a través de la Otass, para reflotar las EPS en problemas.Así como con la ayuda internacional, es justo reconocer que la asistencia externa del Gobierno es importante para paliar una situación crítica. Hay aún más de 5 millones de personas sin acceso a agua potable y 11 millones sin servicio de alcantarillado, en tanto que la brecha de inversión es de aproximadamente S/50 mil millones. Pero las organizaciones responsables de cerrar las brechas han sido incapaces de lograrlo y se han quedado sin recursos para hacerlo. Según el Ministerio de Vivienda, de las 50 EPS operativas, "al menos dos tercios no son sostenibles porque sus ingresos por las tarifas del servicio no logran cubrir sus gastos operativos". Un dato que no sorprende mucho si se revisa el último reporte anual de Sunass (2015), en el que se muestra que, fuera de Sedapal, entre el 42% y el 55% de conexiones de agua potable de las EPS restantes no tenían instalado un medidor que pudiera reducir el consumo de agua no facturada.